Existen muy dispares formas y circunstancias que pueden darse para defraudar a una compañía de seguros, así como distintas maneras de llevar a cabo la estafa. Este tipo de actos delictivos abarcan todos las ramas del negocio asegurador, ya se trate de seguros de automóviles, hogar, vida, salud, accidentes, comercio, responsabilidad civil, etc.
Sin embargo, según ICEA, es el seguro de automóviles el más afectado por esta actividad con un 63,3% del total de los fraudes detectados. Ello se explica debido al gran número de vehículos existentes en nuestro país y la al ser el seguro obligatorio, lo que hace predominar este tipo de seguros frente a cualquier otro.
Hay que destacar la situación que vive el seguro de automóvil, ya que, según Línea Directa, una de las compañías españolas de seguros más importantes, los fraudes de seguros de vehículos se han multiplicado por 3,5 entre 2009 y 2016, lo que significa una cifra de 833 millones de euros en pérdidas anuales para las entidades aseguradoras.
Dicho fraude al seguro de autos tiene consecuencias sobre el resto de asegurados que sí actúan de forma correcta, es decir, las compañías aseguradoras prevén este tipo de conductas entre sus asegurados y compensan esas pérdidas incrementando la prima de los seguros o, como dice Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa, pagan “justos por pecadores”.
En este tipo de fraudes, el supuesto más habitual es simular la ocurrencia de un siniestro entre vehículos en el que se han producido daños materiales y/o lesiones que, en realidad, no ha tenido lugar, o bien, habiéndose producido dicho accidente, se amañan o agravan las consecuencias de daños o lesiones sí acaecidos.
Después del seguro de autos, los fraudes más frecuentes se dan en el hogar, comercio, pymes, responsabilidad civil y comunidades de vecinos. Hasta tal punto es así que representan el 29,4% de los fraudes a compañías aseguradoras. Correspondiendo al ramo de seguros de vida, accidentes, y salud tan solo un 1%.
En cuanto al seguro del hogar, su fraude es el segundo más frecuente y suele darse específicamente en la cobertura de robo, en la que incluso llega a simularse la perpetración del hurto, dentro o fuera de la vivienda, o se aumenta, con intención de engaño, las consecuencias del robo o el valor de los bienes objeto del mismo.
Defraudar a una compañía de seguros puede tener diversas consecuencias, desde la rescisión de la póliza de seguros por parte de la aseguradora, hasta la acusación por un delito de estafa que conlleva multas o incluso la cárcel. De hecho, esta figura delictiva está prevista como delito en nuestro Código Penal, con una sanción que varía entre 6 meses y 4 años de cárcel, para las estafas a las aseguradoras de tipo básico que superen los 300€.
Además, la Ley de Contrato de Seguro contiene varios preceptos en los que se eximen de responsabilidad a la aseguradora, y por tanto no la obliga al pago de la indemnización en este tipo de casos.
Para el sector asegurador, el problema fundamental radica en la falta de concienciación de la sociedad. En primer lugar, porque existe cierta idea de transigencia, en el sentido de que engañar al seguro no es un acto delictivo. Además, la sociedad en general parece “disculpar» la conducta del defraudador.
Sin embargo, son las aseguradoras, a pesar de ser las más agravadas por este tipo de conductas, las que tampoco intentan revertir esta situación por la vía penal, puesto que son muy pocos casos acaban siendo denunciados.
El esfuerzo de las compañías de seguro se centra, hoy en día, en descubrir posibles casos de estafa, con la ayuda de peritos especializados que comprueban las circunstancias del siniestro y valoran los daños, además de contar con la ayuda de detectives privados, gracias a lo cual, según fuentes del sector del seguro, han logrado disminuir los casos de fraude.