Se trata de un sector en el que, entre un 85% y un 90%, somos trabajadores por cuenta propia. la Ley diferencia entre el despacho del detective privado y el detective dependiente. El primero engloba a los trabajadores autónomos, que crean su propio despacho; y los segundos son los empleados de los despachos que están contratados como asalariados. Esto no quita que un despacho pueda trabajar en un momento determinado con otro despacho.
Para poder ejercer cómo detective, el aspirante debe estar en posesión del título de Bachillerato y aprobrar los tres cursos de formación universitaria en investigación privada, “equivalente a 2.800 créditos” apuntó el presidente de la Asociación. Además, también debe cumplir con una serie de requisitos como no tener antecedentes penales. Si se tiene la formación y se cumple con las exigencias, el interesado puede pedir la Tarjeta de Identificación Profesional (Tip) que expide la Dirección General de la Policía.
Con estos tres requisitos, que no son «moco de pavo», una persona ya puede ejercer la profesión y desarrollar la función de detective privado.
El sector amenazado por el intrusismo Detectives falsos
Delitos de acoso, multas y sanciones por parte de la Administración. Son muchas y muy graves las consecuencias de ser un falso detective privado. Aún así, en el sector no dejan de aparecer intrusos que anuncian sus servicios sin tener conocimientos, ni la titulación y sin estar acreditados. Una cuestión que está “haciendo muchísimo daño, ya que va en detrimento de la calidad del servicio”.
El intrusismo es uno de los principales problemas del sector y los define como “personas que sin la titulación formativa exigida, sin los requisitos necesarios y sin la Tarjeta de Identificación Profesional anuncian y ejercen las actividades propias del detective privado sin serlo”. El presidente de la asociación destaca tres formas de intrusismo, de Detectives falsos:
- Particulares que tienen la “ocurrencia” de hacer de detectives.
- Academias que preparan supuestos «detectives» y que les dan un título que no está homologado. Hacer un cursillo no te convierte en un detective privado .
- Empresas que realizan investigaciones.
Trabajar como detective falso sin serlo tiene una serie de consecuencias tanto para la persona que contrata el servicio como para la persona que es intrusa. Los contratantes del servicio se arriesgan a incurrir, según, Enrique Hormigo, en un delito de acoso, porque en el momento en el que se inmiscuye en la vida persona sin estar autorizado es un delito. Además, se arriesgan a tener que asumir “todas las responsabilidades de ámbito civil que la persona que haya sido investigada pueda plantear”.
En cuanto a las consecuencias de los detectives falsos que ejercer la profesión sin serlo:
- La actividad irregular choca con la Ley Orgánica de Protección de Carácter Personal: el sector de las detectives tiene una particularidad y es que no necesita el consentimiento de la persona para realizar una investigación. “Pero el que no es detective privado y desarrolle una investigación, lo está haciendo fuera del ámbito profesional y tiene que informar a las persona de que la va a investigar”.
- Incurre una falta muy grave en Ley de Seguridad Privada que puede acarrear multas de hasta 60.000 euros
- A nivel civil, si un intruso recaba pruebas, luego éstas no van a tener validez a nivel jurídico. El que le ha contratado puede reclamar daños y perjudicado por vía civil, porque ha “fastidiado” la prueba.
- Delitos de acoso.
El modus operandi que hacen desde la Apd cuando tienen conocimiento de algún intruso es: “Le invitamos a que cesen su actividad. Si no cesan su actividad pasamos el caso a la Unidad Central de Seguridad Privada, que depende de la Dirección General de la Policía, quién se pone en comunicación con ellos e intenta en la medida de lo posible el disminuir estas actividades ilegales”. Detectives falsos.
La policía quiere saber todos sus movimientos
Los detectives privados tienen una intensa fiscalización pública que hace la Administración a la actividad es decir, “la policía quiere saber, a través de las leyes que existen, todo lo que hacemos.La policía quiere saber de nuestra actividad, incluso, cuando no tiene índole civil. Quieren saber el número de contratos realizados, las personas que nos contratan, quieren saber nuestros movimientos y lo que hacemos o dejamos de hacer”.
